Propuestas y exigencias de organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos al nuevo congreso de la República 2026 – 2030.
El Grupo de investigación OIDHPAZ es una de las organizaciones que suscribió este documento.
Introducción
Las organizaciones y plataformas de derechos humanos
firmantes de este llamamiento, presentamos una serie de propuestas para la
próxima agenda legislativa en materia de paz, derecho internacional humanitario
y el derecho a defender derechos humanos, con el propósito de que estas sean
asumidas por el nuevo Congreso de la República, a fin de lograr avances
sustanciales que protejan la vida e integridad, así como las garantías
necesarias para la labor de las personas líderes sociales y defensoras de
Derechos Humanos en Colombia, de las comunidades y sus organizaciones.
Pese a los esfuerzos del actual gobierno nacional de buscar
una solución negociada al conflicto político social y armado a través de la
política de Paz Total, la realidad es que la violencia sociopolítica continúa y
con ella una crisis humanitaria en diversos territorios rurales y urbanos de
Colombia, afectando principalmente a las comunidades étnicas, campesinas,
mujeres, niños, niñas y adolescentes. Además, persisten los ataques contra
quienes defienden los derechos humanos, provocando la destrucción del tejido
social y de los proyectos colectivos.
Este llamamiento insta al Congreso de la República a asumir
un compromiso real con el pueblo colombiano, las comunidades rurales y urbanas
y las organizaciones sociales de todos los sectores, en busca de concretar las
transformaciones necesarias para desescalar y buscar soluciones al conflicto
social y armado, terminar con la estigmatización y lograr la paz. Hoy es
imperante avanzar sobre acciones concretas y una agenda sólida que promueva el
diálogo entre todos los actores, por ello presentamos al Congreso los
siguientes puntos, con los cuales podremos construir las condiciones mínimas
para enfrentar el nuevo escenario político nacional:
- Trabajar
de manera decidida por una solución política y negociada al conflicto
político, social y armado, con la participación efectiva de las
organizaciones sociales y las comunidades. Esto implica reconocer los
avances en los diálogos de paz.[1]
- Garantizar
la implementación integral del Acuerdo de Paz como pilar para la
transformación de las condiciones estructurales de violencia y exclusión.
Además de asumir la reconciliación como deber histórico. La paz no es solo
ausencia de guerra: es justicia, verdad, reparación integral y garantías
de no repetición, desde la sacralidad de la vida y la dignidad de cada ser
humano; el respeto, cuidado y protección de la madre tierra y sus
ecosistemas como espacios de vida y de interacción.
- Legislar
teniendo como eje primordial la garantía de la vida y la protección
integral de las comunidades y las personas lideresas sociales y defensoras
de derechos humanos en Colombia, reconociendo que su labor es esencial
para la construcción de paz y el fortalecimiento de la democracia en los
territorios. La continuidad de esta labor es fundamental para la
protección de las poblaciones que hoy siguen enfrentando graves riesgos,
estigmatización y violencias. En tal sentido es clave que el Congreso asuma
con la participación de las organizaciones sociales una reforma a la
normatividad en protección existente, para asegurar que en el país ningún
defensor o defensora sea agredido a causa de su labor.
- Asumir
una noción de seguridad basada en el respeto irrestricto por los derechos
humanos y el Derecho Internacional Humanitario – DIH, que priorice la
protección de la población civil, la concertación de mínimos humanitarios,
y el reconocimiento y garantías para procesos e iniciativas humanitarias y
de paz nacionales y territoriales como parte esencial de la construcción
de una paz con justicia social y ambiental estable y duradera. Esto
incluye materializar el concepto de «seguridad humana», que trasciende el
enfoque militarista para centrarse en la garantía de condiciones de vida
digna y prevención del riesgo en los territorios.
- Diseñar,
presentar y aprobar una reforma que ponga fin a la doctrina del enemigo
interno, que pone en riesgo a las personas líderes sociales y defensoras
de Derechos Humanos, a las organizaciones sociales, a los pueblos y
comunidades, esto incluye avanzar en la reforma a la fuerza pública para
que sea una institución respetuosa de los derechos humanos.
- Contribuir
a desmontar efectivamente las estructuras paramilitares y el cumplimiento
del rol de la Fuerza Pública en estricto apego a los estándares
internacionales de los derechos humanos, al Derecho Internacional
Humanitario, y al respeto y garantías para las personas defensoras y las
comunidades.
- Legislar
para proteger los territorios y la naturaleza de intereses empresariales y
extractivistas que expolian los bienes colectivos y ponen en riesgo la
permanencia de las comunidades. Para ello es indispensable implementar
integralmente el Acuerdo de Escazú, el Plan Nacional de Acción de Empresas
y Derechos Humanos y otras normatividades concernientes a la protección de
la naturaleza, la lucha contra el cambio climático y la protección de los
liderazgos ambientalistas y de la tierra.
- Conforme
a la Sentencia SU-546 de 2023, se asuma la responsabilidad política que
tiene el poder legislativo en la contribución a la superación del Estado
de Cosas Inconstitucional respecto a la población líder y defensora de
derechos humanos, se reconozca la vulneración masiva, generalizada y
sistemática de los derechos fundamentales de esta población. Ante la
persistencia de fallas estructurales, falta de capacidad institucional y
una alarmante cifra de asesinatos y amenazas, el Congreso de la República
tiene un deber ineludible en la superación de esta crisis.
- Reconocer
que el movimiento social es un actor legítimo y aliado en la
transformación territorial, y no es un enemigo interno. Para ello es
necesario que en la nueva legislatura se asuma de manera férrea
compromisos claros de no estigmatización ni criminalización de las
personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos, de las
organizaciones sociales, campesinas, étnicas y territoriales, de sus
mecanismos propios de autoprotección, entre ellas las guardias indígenas,
campesinas, cimarronas y urbanas, y del legítimo ejercicio de denuncia
frente a las violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario.
- Escuchar
y asumir la voz, así como las exigencias de las comunidades y los
movimientos sociales, con un compromiso inequívoco con la protección de la
vida, el territorio, la democracia y los derechos humanos. Esto implica
comprometerse a legislar sin discursos antiderechos, antidemocráticos y
regresivos, y garantizar la protección efectiva de los derechos de las
mujeres, las personas LGBTIQ+ y todas las poblaciones históricamente
discriminadas, como condición indispensable para avanzar hacia una sociedad
en paz, justa e incluyente.
- Asegurar
que en el marco de la agenda legislativa se garanticen los derechos de las
mujeres en Colombia, esto comprende que no haya discursos ni decisiones
que puedan ser regresivas en materia de derechos; así mismo el Congreso
debe diseñar, presentar y aprobar acciones en favor de la lucha contra
todas las formas de violencia y discriminación, y afirmar el enfoque de
género, la participación y equidad en todos los espacios y acciones que
realiza.
- Reconocer
e impulsar la agenda de paz que llevan a cabo las diferentes
organizaciones, plataformas y procesos de las mujeres con su
participación.
- Diseñar,
presentar y aprobar la reforma a la ley 418 de 1997 en materia de paz,
seguridad y convivencia, de acuerdo con los estándares de derechos
humanos, incluyendo un enfoque humanitario; este proceso debe contar con
la participación de las organizaciones sociales y sus propuestas y
observaciones deben ser de carácter vinculante.
- Diseñar,
presentar y aprobar la Ley Estatutaria Sobre Protesta Social: Es
indispensable que el Congreso de la República asuma como compromiso propio
la expedición de una Ley Estatutaria de Garantías a la Protesta Social,
teniendo en cuenta como base de discusión la propuesta construida por las
organizaciones y plataformas de derechos humanos a fin de que, se
reconozca las distintas dimensiones de este derecho constitucional,
garantice la primacía del diálogo como forma permanente de abordar los
conflictos asociados a la protesta social, límite de manera estricta el
uso de la fuerza en cabeza de la Policía Nacional estableciendo controles
a la adquisición y uso de armas de menor letalidad, reconozca a las
víctimas de violencia policial en contextos de protesta social y consagre
medidas de reparación, satisfacción y no repetición y prohíba la
participación de las Fuerzas Militares en la atención a protestas
sociales. Asimismo, es indispensable que se haga una revisión y depuración
de todos los tipos penales que han sido creados en las distintas leyes de
seguridad ciudadana y que han criminalizado el repertorio histórico de la
movilización social en Colombia, así como la Ley 1908 de 2018 que creó la
categoría de GDO, a través de las cuales se han criminalizado las formas
de organización social que surgen de manera espontánea en los contextos de
protesta social. Urge la despenalización de la protesta social revisando
estas normativas.
- Diseñar,
presentar y aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Organizaciones
Sociales establecida en el Acuerdo de Paz de 2016: teniendo en cuenta como
base de discusión la propuesta construida por las organizaciones y
plataformas de derechos humanos. Esto debe ser a través de un diálogo
amplio con los diferentes sectores del movimiento social.
- Diseñar,
presentar y aprobar un paquete normativo, reglamentario, administrativo y
financiero que permita la materialización del reconocimiento de los
derechos del campesinado como sujeto político y de especial protección
constitucional en los territorios y los avances hacia una verdadera
Reforma Agraria Integral. En tal sentido es necesario que se expida una
ley estatutaria que desarrolle el art 64 de la Constitución Política en
toda su integralidad y una ley estatutaria de Reforma Agraria Integral. Así
como que toda ley o reforma en defensa, prevención y protección de los
derechos humanos debe ser transversal al campesinado e incluir el enfoque
campesino. De igual manera avanzar en la reglamentación de la jurisdicción
agraria y el fortalecimiento de territorialidades campesinas.
- Establecer
diálogo directo entre Congreso y Presidencia con las autoridades étnicas,
de gobierno a gobierno, y con delegados de organizaciones campesinas para
la garantía de los derechos fundamentales y el reconocimiento de derechos
territoriales, culturales y jurisdiccionales.
- Respetar
los usos y costumbres de las comunidades étnicas y sus prácticas
colectivas de toma de decisión. El Congreso de la República no puede pasar
por encima de la voluntad de las comunidades ni desconocer los mandatos
territoriales. Es necesario que las iniciativas legislativas
respeten los usos y costumbres de los pueblos étnicos, permitiendo, por
ejemplo, el fortalecimiento real de las guardias indígenas y cimarronas.
- Las
y los congresistas no pueden basarse ni apoyarse en tergiversaciones de la
vida en las comunidades étnicas, de las personas defensoras de derechos
humanos, del movimiento de mujeres y LGBTIQ+ ni profundizar estereotipos
racistas y discriminadores para imponer agendas antiderechos. En tal
sentido debe primar una visión democrática y garantista de los derechos
humanos.
- Impulsar
la lucha contra la corrupción: el país demanda una lucha frontal contra la
corrupción que afecta directamente el goce efectivo de los derechos y la
democracia lo que impide que los recursos y la institucionalidad estén en
función de las necesidades y demandas de las comunidades.
- Se
lleve a cabo un ejercicio permanente de control político riguroso frente
al poder judicial (Fiscalías y Jueces de la República) con el propósito de
realizar seguimiento y exigir el avance de las investigaciones que logren
realmente un cambio significativo en la lucha contra la impunidad
relacionada con casos de agresiones a líderes, lideresas, defensores y
defensoras de derechos humanos, y con ello, superar las barreras
administrativas y judiciales que condicionan la posibilidad de acceder a
mecanismos idóneos y efectivos que logren evitar que estas agresiones se
repitan, en el marco de la responsabilidad internacional que tiene el
Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar estos graves hechos.
Mayores informes:
- Comunicaciones
Programa Somos Defensores: 310 4711518
Firman:
- ACIN
– Çxhab Wala Kiwe (Cauca)
- Adiecol
(Cauca, Santander de Quilichao)
- ANUC
(Córdoba / Valencia)
- APCELIAS
(Huila, Elías)
- Asociación
Afrocolombiana de Boyacá (Boyacá, Puerto Boyacá)
- Asociación
Campesina de Antioquia (Antioquia)
- Asociación
Campesina San Ignacio y Balalaika (Tolima, Fresno)
- Asociación
Comunitaria de Víctimas de Defensa Derecho Humanos de Corozal (Sucre)
- Asociación
de Campesinos Emprendedores ACOEM (Caldas)
- Asociación
de Familias Víctimas y Campesinas Agropecuarias (Cundinamarca, Puerto
Salgar)
- Asociación
Minga
- Asociación
de Mujeres Campesinas del Huila (Huila, Tello)
- Asociación
de Mujeres Rurales de Ayapel (Córdoba, Ayapel)
- Asociación
de Mujeres de Yarumal AMY (Antioquia)
- Asociación
de Mujeres y Campesinos Productores de Coyongo CAMPROCO (Córdoba)
- Asociación
de Usuarios Campesinos de Apartadó (Antioquia, Apartadó)
- Asociación
de Víctimas Mujeres Caminando por la Verdad (Antioquia, Medellín)
- Asociación
de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño – ASOVISNA
(Antioquia)
- Asociación
Étnica de Comunidades Negras, Afrodescendientes y Palenqueras Ubuntu
(Cesar, Valledupar)
- Asociación
La Paz Diversa y Afirmativa (Cesar, Valledupar / La Paz)
- Asociación
Mariposas de la Orinoquia y Amazonia – ASOMAZORINOQUIA (Meta,
Villavicencio)
- Asociación
PINDOPAZ (Córdoba, Montelíbano)
- Asociación
Saravena Diversa ALSADI (Arauca, Saravena)
- Asociación
Tierra de Esperanza (Magdalena, Santa Marta)
- Asociación
Trabajadores Campesinos Futuro y Territorio ASOCAMFUTO (Cauca, Cajibío)
- ASPROZONAC
(Cauca, Miranda)
- Asojuntas
Cravo Norte (Arauca, Cravo Norte)
- Asocafisa
(Antioquia, Betulia)
- Asocansot
(Cauca, Sotará)
- AFAVIT:
asociación de familiares de víctimas de Trujillo (valle)
- Cabildo
Arte y Paz (Atlántico, Barranquilla)
- CAJAR
– Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Bogotá)
- Centro
de Atención Psicosocial CAPS (Bogotá)
- Centro
de Educación Popular Chipacuy (Bogotá)
- Centro
de Pensamiento Sociopolítico de Córdoba (Córdoba)
- CEICOS
(Bogotá)
- CINEP/PPP
(Bogotá)
- Círculo
Intercultural de Mujeres en Resistencia (La Guajira)
- Coalición
Colombiana por el Derecho a la Educación (Bogotá)
- Coalición
de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia COMOSOC (Nacional)
- COCOMAJURADO
(Chocó, Juradó)
- COCOMACIA
(Chocó, Medio Atrato)
- Colectivo
de Defensoras y Defensores de DD.HH. SINAMW (Cesar, Valledupar)
- Comité
de Integración del Macizo Colombiano CIMA (Cauca, Almaguer)
- Comité
de Solidaridad con los Presos Políticos (Bogotá)
- Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH Capítulo Córdoba
(Córdoba, Montería)
- Comité
Municipal de Reforma Agraria (Risaralda, Belén de Umbría)
- Congreso
de los Pueblos (Bogotá)
- Congreso
Ambiental de Santander CASA AGUAYA (Santander)
- Conferencia
Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (Bogotá)
- Conspirando
por la Paz (Cauca, Santander de Quilichao)
- Consultoría
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES (Colombia)
- Plataforma
de Derechos Humanos Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU
- Coordinadora
Humanitaria (Nacional)
- Corporación
Claretiana Norman Pérez Bello (Bogotá)
- Corporación
CONPAZES (Santander, Bucaramanga)
- Corporación
Colectivo de Mujeres Trascendiendo por la Paz (Cauca, Buenos Aires)
- Corporación
de investigación y Acción social y Económica- CIASE
- Corporación
Jurídica Libertad (Medellín)
- Corporación
Mujer Niñez y Juventud – CMN (Cauca)
- Corporación
Nibaru (Antioquia)
- Corporación
Podion (Bogotá)
- Corporación
para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar (Nacional)
- Corporación
Viva la Ciudadanía (Nacional)
- CPDH
Héctor Abad Gómez (Antioquia)
- DePazes
(Bogotá)
- Equipo
de Garantías y Derechos Humanos – Coordinación Social y Política Marcha
Patriótica (Nacional)
- Espacio
Territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR Mariana Páez (Meta,
Acacías)
- Familia
Franciscana de Colombia (Bogotá)
- FENSUAGRO
(Cauca)
- Foro
Interétnico Solidaridad Chocó (Chocó)
- Fundación
BUKUMKUZA (Cesar, Valledupar)
- Fundación
Conflict Responses (Bogotá)
- Fundación
Conciencia (Cesar, Valledupar)
- Fundación
del Sinú (Córdoba, Montería)
- Fundación
Intercultural Equilibrio y Armonía Territorial Kaajadaya (Cauca, Toribío)
- Fundación
Lazos de Dignidad (Bogotá)
- Fundación
Paz y Reconciliación (Bogotá)
- Fundación
Progresar (Norte de Santander)
- Fundación
Social CORDOBERXIA (Córdoba)
- Fundación
Social Renovando Vidas (Magdalena, Ciénaga)
- Fundación
Sumapaz (Medellín)
- Fundación
Umutikki (Cesar, Pueblo Bello)
- Fundación
Vida Digna (Buenaventura)
- Grupo
de Investigación GIDPAD – Universidad de San Buenaventura (Medellín)
- Grupo
de Investigación y Editorial Kavilando (Medellín)
- INDEPAZ
(Bogotá)
- Mesa
de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño
(Antioquia)
- Mesa
Ecuménica por la Paz (Nacional)
- Mesa
Humanitaria y de Paz de Antioquia (Antioquia)
- Mesa
Territorial de Garantías Chocó (Chocó)
- MOVICE
– Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Bogotá)
- MOVICE
Capítulo Santander (Santander)
- Movimiento
Social por la Paz (Bogotá)
- OIDHPAZ
(Atlántico, Barranquilla)
- Plataforma
Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Nacional)
- Plataforma
Departamental de Derechos Humanos de Córdoba (Córdoba)
- Proceso
Social de Garantías de Antioquia (Antioquia)
- Programa
Somos Defensores
- Plataforma
de derechos humanos La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una
cooperación para la Paz y Democracia en Colombia
- Red
de Derechos Humanos del Sur de Córdoba (Córdoba)
- Red
de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías
Cifuentes” (Cauca)
- Red
Departamental de Mujeres Chocoanas (Chocó, Quibdó)
- Red
Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ (Antioquia)
- Resguardo
Embera Katío de Tanela (Chocó, Unguía)
- SINTRENAL
Sahagún (Córdoba, Sahagún)
- Sindicato
de Pequeños Agricultores del Departamento del Cauca SINPEAGRIC (Cauca)
- Somos
Tierra (Cauca)
- TRANS-FORMANDO
Iniciativa de Paz (Caquetá, Florencia)
- Unión
de Trabajadores del Llano UTRALLANO CGT (Meta, Villavicencio)
- Vivamos
Humanos
- Zona
de Biodiversidad Casa de las Memorias – CONPAZCOL (Huila, Palestina)
[1] Esto incluye los avances parciales de algunas de las mesas de diálogo de paz y las mesas sociojurídicas.
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